La omnipotencia del estado
Si nuevas eran las tareas que planteaba a la Iglesia la general implantación del sistema parlamentario, sus dificultades se vieron aún agravadas por la tendencia, que domina ya todo el siglo XIX, de conceder al Estado la plenitud del poder.
Una cosa es consecuencia de la otra. Es una ironía de la historia que los que creían luchar por la libertad de los hombres y se llamaban por eso liberales, hayan sido justamente los que han forjado las cadenas políticas que tantos y tan terribles sufrimientos han acarreado a la humanidad. Y hoy nos suena también como una ironía, cuando oímos las acusaciones que cien años atrás dirigían los liberales a la Iglesia, inculpándola de haber esclavizado a los pueblos y a las conciencias de los individuos.
En realidad, no costó poco a los católicos de todos los países conseguir que el estado liberal respetara su derecho «a ser felices a su modo», y a no depender en sus convicciones patrióticas de gobiernos que, por su parte, cambiaban a cada momento de convicción.
Los estados modernos se irrogan cada vez más atribuciones en las esferas legislativa y administrativa. Ello afecta indirectamente a la Iglesia, sobre todo cuando se trata de puntos tales como el matrimonio y la familia, la escuela y los servicios sociales; pero puede también afectarla directamente, si el Estado intenta reglamentar los bienes eclesiásticos, la organización eclesiástica o la cura de almas en sentido estricto. Muchos de estos problemas son anteriores al siglo XIX. Ya en la era del absolutismo la Iglesia tuvo de defender continuamente su libertad en la provisión de los cargos pastorales.
En este punto, el nuevo régimen trajo incluso una mejora. Pero en conjunto la Iglesia se ve obligada cada vez más a defenderse contra las intromisiones del Estado, que todo lo pretende atraer a su esfera, y a luchar, no sólo por el derecho de atender a las almas y por la protección de este derecho, sino demasiado a menudo por la simple posibilidad de ejercer su ministerio pastoral.
A todo esto viene a añadirse todavía otro factor: un profundo cambio en la concepción del derecho y la justicia. El siglo XIX había sido un siglo jurídico por excelencia. Quizás en ningún otro floreció tanto la ciencia del derecho, ni se concedió tanta atención a la jurisprudencia, ni se desplegó una tan intensa actividad legislativa. Pero el siglo XIX se inclinaba demasiado a confundir la justicia con la legalidad. La gente se acostumbró a no preguntar si los gobiernos tenían derecho a adoptar una determinada medida, con tal que ésta se aplicara dentro del marco de la constitución y hubiera sido votada por la mayoría de la cámara.
Así, en el más legalista de todos los siglos pudieron ocurrir injusticias e incluso atropellos que jamás habían conocido los más bárbaros tiempos de la alta Edad Media: denuncias unilaterales de concordatos y tratados recién firmados, confiscación violenta de bienes eclesiásticos, disolución de órdenes, expulsión de religiosos, penalización de actos pastorales, y todo ello en nombre de la ley.
El resultado de todo lo dicho fue que, en la mayoría de países, durante todo el siglo la Iglesia se vio enzarzada en una lucha franca o latente con los partidos constantemente cambiantes o con los gobiernos implantados o derribados por éstos. De suyo, la Iglesia no defendía ningún programa político. Con el tiempo, la Iglesia pudo incluso reconciliarse con un gobierno originariamente hostil, y concertar con él un modus vivendi. La experiencia enseña, en cambio, que los cambios violentos suelen afectar desfavorablemente la existencia de la Iglesia.
